SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR EL COVID-19.

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR EL COVID-19.

Criterios y requisitos de las ayudas a los arrendatarios de vivienda habitual.

La Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, establece las condiciones de acceso a los préstamos en favor de arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Su cuantía podrá alcanzar hasta el 100% del importe de seis mensualidades, con un máximo de 5.400 euros y tendrán un plazo de amortización de hasta 6 años. Deberán solicitarse antes del 30 de septiembre de 2020.

Condiciones que deben reunir los beneficiarios de los préstamos

siempre que reúnan de forma conjunta los siguientes requisitos:

  • Que el arrendatario o alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre afectado por una circunstancia que implique una reducción de ingresos. Todo ello, por pasar a estar en situación de desempleo, por estar afectado por un ERTE.
  • Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la ayuda no alcance el límite de cinco veces el IPREM.
  • -Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros básicos resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • No será exigible hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. De igual modo tampoco será exigible con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por reintegro de otras subvenciones.

Caracteristicas de los préstamos

– Podrán otorgarse por las entidades de crédito adheridas a la LÍNEA DE AVALES ARRENDAMIENTO COVID-19
– Se otorgarán, por concesión directa y por una sola vez, a los arrendatarios de vivienda habitual que cumplan los requisitos establecidos en la Orden
– Contarán con la cobertura del aval del Estado y con una subvención.
– Serán finalistas y deberán dedicarse exclusivamente al pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual
– Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al alquiler reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Específicamente, con las del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.
– Serán gestionados con la colaboración del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que, a tal fin, suscribirá un convenio con el Ministerio.

Condiciones del préstamo

  • Se formalizarán mediante un contrato de préstamo entre la entidad de crédito y el arrendatario.
  • La cuantía podrá alcanzar hasta el 100% del importe de seis mensualidades, con un máximo de 5.400 euros, a razón de un máximo de 900 euros por mensualidad.
  • Las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 1 de abril de 2020 y no podrán ser posteriores a 6 meses a contar desde la firma del préstamo entre la entidad bancaria y el arrendatario ni posteriores al fin de vigencia del contrato de arrendamiento o sus prórrogas.
  • El plazo de amortización inicial podrá ser de hasta 6 años y podrá pactarse un período de carencia de principal de seis meses. Una vez transcurridos los tres primeros años desde la concesión del préstamo y antes de seis meses de la finalización del plazo inicial, será admisible una única prórroga de 4 años, con determinadas condiciones. Cabrá cancelación o amortización anticipada, sin gastos ni comisiones.

Responsabilidad contractual y extracontractual


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La responsabilidad civil se define como la obligación de toda persona de pagar por los daños y perjuicios que cause en la persona o el patrimonio de otra. Esta regulada y definida en el artículo 1089 del Código Civil.

Su origen puede ser contractual o extracontractual:

  • La responsabilidad civil contractual es una sanción convenida por las partes para el caso de que una de ellas incumpla sus obligaciones.
  • El concepto de responsabilidad extracontractual es más amplio, ya que incluye las indemnizaciones derivadas de daños o lesiones que el perjudicado no tuviera el deber de soportar. Así, la indemnización de un accidente de tráfico es de este tipo ya que, aunque no hay ningún contrato, el responsable debe indemnizar a la víctima por los daños y  que le ha causado. https://medherabogados.com/accidentes de trafico

Entender en profundidad el concepto de responsabilidad civil requiere conocer los elementos que la definen en un sentido más amplio. Estos son la acción, la culpa, el daño y el nexo causal:

A.- Acción u Omisión Antijurídica

En una situación en la que existe responsabilidad civil, irremediablemente tiene que existir un hecho antijurídico. Éste puede tratarse de una acción o una omisión, pero es un elemento imprescindible. Por otra parte, este hecho puede ser intencionado o tratarse de una negligencia pero su carácter no influye a la hora de detectar que se manifiesta la responsabilidad civil.

B.- Culpa del Agente

Cuando se producen daños a terceros siempre hay culpa en la persona que perjudica a los demás. Sin embargo, no siempre tiene por qué haber dolo.

¿En qué se diferencian la culpa y el dolo?

La diferencia entre el dolo y la culpa es la mala fe que caracteriza al dolo. La culpa puede ser consciente o no. El que incurre en culpa no persigue el fin que tiene como resultado la falta de observancia del cuidado necesario en la realización de su obligación; bien sea (esa falta de observancia del cuidado necesario) causada por el mero descuido y no prever consecuencias, o bien sea por sí prever el resultado y despreocuparse de ello.

Sin embargo, en el caso del dolo hay una intención de producir el fin. Es una actuación deliberada para conseguir, en este caso, que el cumplimiento de la obligación no se lleve a cabo.

La Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, nº 499/2005, de 5 de juliio, analiza el supuesto de la existencia de dolo o culpa en el tomador del seguro, expresando: » (…) «si medió dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará exonerado el asegurador del pago de la prestación. Al referirnos a este supuesto, como hace la doctrina más autorizada, interesa hacer notar, en primer lugar, que se trata de estudiar el supuesto en el que exista dolo o culpa grave del tomador del seguro. La Ley, en este caso, se refiere a los dos conceptos, mientras que en otros se alude únicamente al dolo o, con terminología insegura, de la que había pretendido huir el Proyecto de Ley, a la «mala fe». El elemento intencional al que es tan sensible el contrato de seguro, ha querido extenderse en este caso del artículo 10 LCS a esos dos supuestos.

Hay una excepción, y es el caso de responsabilidad subsidiaria o indirecta en el que la persona sobre la que recae la responsabilidad civil no es culpable, ya que la acción procede de un sujeto distinto. Es el ejemplo en el que los padres responden por los actos de sus hijos o los dueños por los de sus mascotas. Aun así es cuestionable que no haya culpa en la persona responsable, ya que debería haber vigilado mejor el comportamiento del individuo que depende de él.

C.- Daño Efectivo

En todos los casos de responsabilidad civil, siempre tiene lugar algún daño que se puede resarcir y cuantificar. Este perjuicio puede ser de carácter material o moral. Y además, en el caso de los materiales, también se habla de daño cuando se deja de percibir un beneficio económico como consecuencia del hecho que acontece.

D.- Nexo de Causalidad

Siempre que hay responsabilidad civil, también existe una relación causa-efecto, también llamada nexo de causalidad. El nexo causal es una relación causa-efecto que permite establecer los hechos susceptibles de ser considerados determinantes del daño y cuál de ello es el que ocasionó el perjuicio tangible. Esta relación de causalidad es imprescindible para reclamar los daños causados al autor o responsable